Así será el nuevo régimen de IVA para pymes y autónomos
Las pymes podrán, a partir de enero de 2014, aplicar el llamado
criterio de caja en el IVA, que permitirá abonar el impuesto en el
momento de cobrar la factura y no, como sucede ahora, cuando se emite.
La elevada
morosidad provoca que muchas pymes deban ingresar a la Agencia
Tributaria un IVA que no han cobrado y que quizás nunca lleguen a
cobrar. Estas son las características que tendrá el nuevo sistema de
IVAque Hacienda incluirá en la Ley de Emprendedores:
Voluntariedad
Voluntariedad
Las pymes con
una cifra de negocios inferior a dos millones y que no tributen por el
sistema de módulos podrán decidir voluntariamente si aplican el criterio
de devengo –el IVA se ingresa al emitir una factura– u optan por el
nuevo criterio de caja que permite pagar el impuesto al cobrar la
factura. La decisión es importante, ya que las empresas que se adhieran
al nuevo sistema deberán mantenerse en él durante un período determinado
que puede alcanzar los dos años. Es decir, si el cambio no resulta tan
bueno como se esperaba, no habrá posibilidad de rectificar en el corto
plazo.
Criterio de caja para proveedor y cliente
Un aspecto
importantísimo y que para Hacienda resulta innegociable. Actualmente, en
una operación entre dos empresas, la compañía que actúa como proveedor
debe pagar el IVA al emitir la factura con independencia del momento de
cobro. Sin embargo, la sociedad que recibe esa factura puede desgravarse
el impuesto aunque no lo haya pagado. El criterio de caja afecta a las
dos partes de la operación. Es decir, la empresa que vende un bien no
deberá ingresar el IVA hasta cobrar pero, y allí viene la parte menos
positiva, la sociedad que compra tampoco podrá deducirse el impuesto
hasta que pague la deuda. Y ello será así con independencia de que la
sociedad que actúa como cliente haya optado por mantenerse en el
criterio tradicional de devengo. Si no fuera así, se daría la
circunstancia de que Hacienda devolvería un IVA que no ha cobrado, algo
que el Gobierno entiende que resulta inasumible en un contexto como el
actual y que, además, generaría problemas de control del fraude.
Efecto negativo para la gran empresa
Las grandes
empresas no podrán acogerse al nuevo sistema y ello generará ciertas
distorsiones en el mercado de difícil solución. La situación actual es
muy clara: cuando una compañía vende a otra empresa, debe ingresar el
IVA al emitir la factura y cuando compran, se deducen el impuesto con
independencia de cuándo se formalice el pago. ¿Y qué sucederá a partir
de 2014 cuando una gran empresa tenga relaciones comerciales con una
pyme que haya optado por el criterio de caja? Todo serán problemas. En
primer lugar, no podrá reclamar la devolución del IVA soportado hasta
que pague la factura. Esto significa menos liquidez en un momento de
restricción del crédito. Además, las grandes empresas gestionan el IVA
de forma totalmente informatizada y operar con pymes que apliquen el
criterio de caja generará cierta complejidad contable. No resulta
descabellado pensar que las grandes compañías –que son las que utilizan
mayores plazos de pago– preferirán operar con pymes en régimen de
devengo. Y muchos pequeños empresarios probablemente preferirán
renunciar a pagar el IVA en el momento de cobrar la factura para no
perder clientes. Las asociaciones de autónomos trasladaron a Hacienda su
temor ante la posibilidad de que las grandes empresas presionaran a los
autónomos para que no aplicaran el nuevo régimen. Los representantes
del Gobierno se encogieron de hombros y señalaron que “el mercado es el
mercado”. Además, si una pyme opta por el criterio de caja, deberá
aplicarlo en todas las operaciones. No tendrá la posibilidad de acogerse
a uno u otro sistema en función de las preferencias de su cliente.
Mayor control fiscal
Otro requisito
innegociable para Hacienda. Las pymes que se acojan al criterio de caja
deberán asumir un mayor control fiscal por parte de la Agencia
Tributaria. A falta de concretar los requisitos, Hacienda planea obligar
a autónomos y pequeñas empresas a llevar un “libro registro” de los
cobros del IVA. Ello supone un significativo aumento del papeleo y de
los costes de gestión para estas compañías. De hecho, el temor a que el
criterio de caja pueda provocar una merma de los ingresos y un mayor
fraude es uno de los motivos que ha provocado el retraso en el
cumplimiento de la promesa electoral del Gobierno.
Sin régimen transitorio
El Ejecutivo se
planteó introducir la nueva medida de forma paulatina. La idea era que
las pymes que operaban con la Administración Pública aplicaran primero
el criterio de caja, que se ampliaría al resto de sociedades con
posterioridad. Ello tenía sentido, ya que las compras con el sector
público están, a priori, más controladas. Por otra parte, la
Administración actúa como un consumidor final, es decir, no puede
deducirse el IVA y, por lo tanto, no existe el problema para Hacienda de
devolver una cuota impositiva que no ha ingresado. Sin embargo, al
final, el Ejecutivo ha decidido que el nuevo criterio de caja entrará en
vigor con carácter general al entender que la aprobación de la promesa
electoral se ha demorado más de lo previsto.
¿Cuántas empresas optarán por el ansiado modelo?
Hacienda
calculó que unos 2,4 millones de autónomos y pymes podrían beneficiarse
del nuevo criterio de caja. Sin embargo, los expertos fiscales apuntan
que la mayoría de las empresas optará por el modelo tradicional ante
todos los inconvenientes, especialmente aquellos ligados a las mayores
obligaciones formales. Cada sociedad deberá valorar los pros y contras.
En principio, serán las pymes que tengan como principales clientes al
sector público quienes se cambiarán al criterio de caja. Todo apunta a
que la mayoría optará por quedarse como está o esperará un tiempo para
comprobar cómo funciona el nuevo sistema. Las previsiones más optimistas
indican que 500.000 de los 2,4 millones de pymes y autonómos que
tendrán la posibilidad de acogerse el criterio de caja cambiarán de
sistema. Otros expertos apuntan que la cifra difícilmente sobrepasará
las 100.000 compañías.
La crisis
económica ha reducido notablemente el número de contribuyentes del IVA,
un impuestos que recae sobre el consumidor final pero que son las
empresas quienes lo gestionan e ingresan en Hacienda. Los últimos datos
de la Agencia Tributaria indican que el número de declarantesno ha
dejado de caer desde 2007 y se sitúa en torno a los 3,2 millones. De
éstos, 1,8 millones son “empresarios personales”, es decir, autónomos.
Por otra parte, existen 1,3 millones de sociedades que declaran el IVA y
solo 31.000 de estas tienen la consideración de gran empresa. El resto
son pymes. Los ingresos derivados del IVA alcanzaron los 50.464 millones
en 2012, un 2,3% más por el alza de tipos.
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